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Por: Luis Jesús Moreno Velázquez. (1)

El Sistema Nacional Anticorrupción es un nuevo paradigma en el Derecho Público mexicano, parte de un modelo sofisticado (y complejo) de coordinación y pesos y contrapesos entre diversas autoridades de índole fiscalizadora, sancionadora, penal y de transparencia, con la intervención de un comité de índole ciudadano, cuyo presidente, será a su vez, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; en ese entramado interesante de autoridades y ciudadanía, pudiera parecer que las anteriores estructuras encargadas del control del servicio público, han quedado un poco obsoletas, o su participación se ha reducido al mínimo.

Para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito normativo se han expedido, además de la propia reforma constitucional del pasado 27 de mayo de 2015, las leyes secundarias publicadas el pasado 18 de julio de 2016 que le darán operatividad al sistema, entre las mismas, para efecto del presente artículo se destaca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador las responsabilidades de los servidores públicos han quedado divididas en dos ámbitos: las faltas no graves que corresponden a la indebida observancia o incumplimiento de principios y obligaciones en el servicio público, y las faltas graves que corresponden a actos concretos que se adecúen a la tipicidad que la nueva Ley establece. En ese tenor, la competencia para conocer, susbtanciar y resolver responsabilidades relativas a dichas faltas también quedó dividida, esto es, las faltas administrativas no graves serán sancionadas por los Órganos Internos de Control y las faltas administrativas graves por los Tribunales de Justicia Administrativa.

Es por lo anterior, que pudiera parecer que las facultades de los Órganos Internos de Control han quedado disminuidas y limitadas, sin embargo muy al contrario de ello, el papel de dichas instancias debe verse redimensionado a la luz de esta importante reforma, en este artículo esbozaré tan solo algunas de sus nuevas responsabilidades:

1.- Concluir de manera satisfactoria los procedimientos pendientes.
A pesar de que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas está a punto de entrar en vigor el próximo 19 de julio de 2017, los Órganos Internos de Control deberán poner especial énfasis en concluir los procedimientos que conforme a la legislación anterior venían instrumentando, y de preferencia, tenerlos concluidos para el día en que entre en vigor la nueva Ley, por lo tanto, estimo que deberán trabajar a marchas forzadas para lograr este objetivo.

 

2.- Atender los procedimientos por faltas no graves.
Desde luego, la función primordial de los Órganos Internos de Control, será la de investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves, entendiéndose que deberán realizarlo con especial diligencia y atendiendo a los principios de debido proceso, respeto a los Derechos Humanos y proporcionalidad de las sanciones, aunado a la celeridad que puedan dar a los mismos.

3.- Emitir lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Se da la importancia al conocimiento que tienen de los órganos públicos a los que están adscritos, con la finalidad de que se establezcan medidas para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción; y realicen su evaluación anual para proponer las modificaciones que resulten procedentes.

4.- Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción; y preparar el informe al Comité Coordinador sobre la atención, avances y resultados.

5.- Tener en absoluto orden su gestión.
Los Órganos Internos de Control, deberán ser ejemplares en los temas de procesos, archivo, coordinación de sus áreas internas, bases de datos e información que tienen en su poder.

6.- Procurar la digitalización de toda la información que formará parte de la Plataforma Digital Nacional.
La Plataforma Digital Nacional tiene por objetivo consolidar un instrumento que aporte veracidad y facilidad en la consulta de la información relacionada con el combate a la corrupción, será una relevante herramienta para la ciudadanía y para todas las autoridades que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, la información que poseen los Órganos Internos de Control será fundamental y su transición a versión electrónica en plataformas de índole general y muy compatible adelantará el proceso hasta en tanto se definan los parámetros generales a que hace alusión la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

 

7.- Tener actualizada la base de datos de servidores públicos sancionados.
Del mismo modo que el punto anterior, el Sistema Nacional Anticorrupción aspira a poseer una base de datos nacional que contenga la información relativa a todos los servidores públicos sancionados, con el afán de eliminar esa práctica tan dañina que ocurría cuando un servidor público inhabilitado en determinado Estado de la República, podía ocupar una plaza diferente en el Gobierno Federal o en el Gobierno Estatal de una Entidad Federativa diversa. Para fortalecer esta función, los Órganos Internos de Control deberán tener actualizada y en orden la información relativa a servidores públicos sancionados.

Estoy convencido de dos ideas:

  1. Los servidores públicos corruptos inician cometiendo acciones o faltas leves, lo que, a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, próxima a entrar en vigor, se considerarán faltas no graves, no obstante, podrán vislumbrar cometer faltas graves y hasta constitutivas de delitos.
  2. Son las autoridades sancionadoras, aquellas que pueden de primera mano detectar cuales son las fallas jurídicas y metajurídicas en el servicio público que conducen a los servidores públicos a cometer alguna falta, por ende, son estas mismas autoridades quienes pueden pensar en mecanismos para la prevención de actos de corrupción.

En función de lo anterior, los Órganos Internos de Control son la autoridad que por excelencia podrá dar los insumos necesarios para establecer mecanismos de prevención de actos de corrupción en el diseño de políticas públicas, pues el servidor público corrupto pude ser atajado desde que comienza a cometer faltas no graves, y de esta manera inhibir la comisión de conductas graves.

La labor de los Órganos Internos de Control a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción, no debe vislumbrarse como una disminución de sus funciones conforme a lo que se menciona en el presente artículo, sino más bien como una redimensión de las mismas. En cuanto al nuevo sistema de Responsabilidades Administrativas, sólo su debida puesta en marcha y aplicación, podrán arrojarnos con mayor precisión cuales son aquellos puntos que se tendrán que fortalecer. En suma: Queda mucho por construir en el Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano.

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.

(1) Licenciado en Derecho. Director de Responsabilidades y Quejas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.