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Por: Luis Jesús Moreno Velázquez. (1)

El hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, nos lleva inmediatamente al tema de la “corrupción”, que es considerado como el segundo problema que más le preocupa a la población mexicana según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por encima de temas económicos tales como el desempleo o la pobreza; ya que frena el desarrollo económico de un país, debilita el Estado de Derecho y genera una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado.

El Sistema Político Mexicano plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, obedeció a condiciones muy distintas a las que hoy privan y para responder a una realidad que exige una efectiva representación ciudadana, en la administración pública.

En principio el artículo 40 de nuestra Constitución, dispone que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”; así como en el artículo 49, se señala que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, y que “no podrán reunirse dos o más en una sola personao corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”; esta separación de poderes tiene como objeto incorporar pesos y contrapesos en la distribución del poder, para evitar la posibilidad de abusos en el sistema de gobierno y que estos mutuamente se complementen y se vigilen.

Es importante retomar algunos antecedentes en los temas de control y evaluación de la gestión pública, partiendo en 1982 con el proyecto “renovación moral” de Miguel de la Madrid Hurtado, que dio como resultado que en ese mismo año se presentara ante el Congreso de la Unión un conjunto de propuestas legislativas en las que se incluyó la iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1982, instituyó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para que esta dependencia ejerciera las funciones de control y evaluación global de la gestión pública.

 

La evolución de dicha Secretaría con el paso del tiempo y de diferentes administraciones, derivó en el aumento de sus atribuciones y facultades, que van desde el control interno, la modernización administrativa, la implementación del servicio profesional de carrera, hasta la aplicación de procedimientos sancionatorios.

Aunque han sido muchos los esfuerzos para que la ahora Secretaría de la Función Pública, fungiera como un órgano de combate a la corrupción por parte del poder ejecutivo federal, no han sido suficientes para erradicarla, por lo que ha sido necesario que se sumen los tres poderes - Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, de los tres órdenes de gobierno -Federación, estados y municipios-. Sin embargo, a estos elementos se les ha incorporado la participación de la ciudadanía.

La materialización de esta nueva transformación del Sistema Político Mexicano, nació el 27 de mayo de 2015, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, en el que se modificó el artículo 113 Constitucional, en que se prevé al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicho Sistema cuenta con un Comité Coordinador que está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, último que lo presidirá.

El impacto del Sistema Nacional Anticorrupción el Sistema Político Mexicano es de trascendencia ya que se está rompiendo con el esquema tradicional de la división de poderes, con una representación activa de la ciudadanía en las instituciones del Estado, materializándose en el Sistema Nacional Anticorrupción con la creación del Comité de Participación Ciudadana, el cual se encuentra integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

 

Este integrante del Sistema Nacional Anticorrupción es de gran trascendencia ya que se está incorporando la ciudadanía a los pesos y contrapesos en la distribución del poder, dándole un empoderamiento dentro de las instituciones de gobierno.

El 18 de octubre de 2016 se integró la Comisión de Selección, que fue electa por una convocatoria lanzada por el Senado de la República y está integrada por nueve miembros con cargo honorario, cinco de instituciones de educación superior e investigación y cuatro miembros de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Esa Comisión de Selección el 30 de enero de 2017, designó a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, Comité que será la vía de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, constituyendo un mecanismo de vigilancia social, transcendiendo un modelo sofisticado (y complejo) de coordinación y pesos y contrapesos entre diversas autoridades de índole fiscalizadora, sancionadora, penal y de transparencia.

El Comité de Participación Ciudadana, como representación de la ciudadanía tendrá entre sus facultades, aprobar una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico; y  a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, opinar o proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de políticas, proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y, sobretodo, vigilar el funcionamiento del propio Sistema, lo que resalta la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado, lo que contribuirá a que se revierta el fenómeno de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.

 

(1) Licenciado en Derecho. Director de Responsabilidades y Quejas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.