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Considerado uno de los casos más relevantes en México  y que ahora se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se sabe si Florence Cassez es inocente o culpable y se pone en duda la certeza  jurídica que permite saberlo dado que los procedimientos judiciales fueron de tal manera  alterados, que deja la posibilidad de que las pruebas y testimonios arrojen un resultado de nulidad. 

Tal es así que  numerosos especialistas, juristas e intelectuales han hecho del caso Florence Cassez un ejemplo emblemático de los vicios en la procuración de justicia en un país traumatizado por la violencia.

Florence, desde el momento de ser detenida, siempre negó su participación en los hechos. Esta fue una conducta uniforme durante todo el proceso. En esta medida, desde el punto de vista del derecho disciplinario es importante analizar las violaciones procesales y por ende el  incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, los valores que constriñen a su desempeño y el impacto que pudieron tener sobre las pruebas de la incriminación, toda vez que un caso como este, se requiere de una valoración minuciosa para poder llegar a la verdad jurídica y la impartición de justicia a los inculpados, a las víctimas y a la sociedad; último aspecto que se llega por la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero fue asignada para elaborar el nuevo proyecto en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, luego de que se rechazara una propuesta del ministro Arturo Zaldívar para que se le otorgara absoluta libertad por graves violaciones a sus derechos fundamentales ocurridas en su detención.

Desde una perspectiva del Derecho Disciplinario, nos podemos dar cuenta de las diversas violaciones que al respecto se concretan; toda vez que en virtud del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todo servidor público tiene obligaciones y éste debe cumplirlas indefectiblemente, pues lo exige su desempeño, y en el caso de la procuración y administración de justicia incidirá en los valores y garantías del debido proceso, amén de las obligaciones que específicamente les imponen las reglamentaciones específicas por su pertenencia a los cuerpos de seguridad pública, de procuración de justicia y el sistema judicial, según sea el caso.

En este orden de ideas, si es cierto, como se afirma en la determinación del máximo tribunal, que se dieron graves violaciones a los derechos humanos de la quejosa en el amparo y que las anomalías bajo las cuales fue detenida y puesta a disposición, sin el aviso consular correspondiente viciaron el debido proceso, además de la inoportuna puesta a disposición y la actuación ministerial insuficiente, provocado por la no aplicación y observación correcta de las leyes en la materia, es fundamental que desde un ámbito disciplinario, los servidores públicos tomen en cuenta que  tienen que desempeñar sus funciones dentro de un marco constitucional, legal, y de moral pública.
 
El abogado de Cassez, Agustín Acosta, consideró que la decisión de la sala, aunque desfavorable en cuanto a la liberación, es importante porque reconoce que hubo violaciones al debido proceso. Con esta decisión "se abre el debate para discutir las irregularidades”.

Sin duda alguna es un caso que ha causado inconformidades por parte de muchos sectores, toda vez que, la sentencia del Tribunal Colegiado parte de la base de que existió un montaje, pero estima que no tiene efectos perniciosos en los derechos de la quejosa, porque no formó parte del material probatorio que se valoró al resolver en las distintas instancias, situación ésta solo valorable en la realidad material de las constancias procesales.

La crisis diplomática entre Francia y México que condujo a la cancelación del año de México en Francia dio lugar a un debate entre los mexicanos, entonces es importante analizar qué tipo de justicia existe en un país donde hay una tasa de 95% de impunidad en casos criminales según las notas periodísticas, ¿cuál es el lugar de los derechos humanos y el respeto de las formalidades en los procedimientos judiciales? Sin duda las formalidades judiciales tienen como razón de ser: el de garantizar la certeza de las determinaciones, que hoy, se pone en duda, por una inadecuada actuación de la autoridad.

El procedimiento penal desde la intervención policial, no debe ser un acto arbitrario, carente de razón, que desmantele la configuración constitucional del propio proceso penal, debe ser un proceso objetivo, que aspire en la certeza hacia lo justo, no debe haber una interpretación errónea de la ley, que justifique la violación procesal en una aparente aspiración de legitimidad en la víctima del delito, toda vez que tiene y se requiere  de una estructura jurídica que vincule a las atribuciones claras, amplias de los servidores públicos, so pena de someterlos al régimen de disciplina del estado; último, obligado a ejercer su facultad disciplinaria, con perjuicio, que de renunciar a ella, pone en riesgo su propia credibilidad y por ende su estabilidad.

 

 

 

 

Ejemplo emblemático de los vicios en la procuración de justicia