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Considerado el juez más célebre de España en los tiempos modernos, Baltasar Garzón ha sido inhabilitado hasta por 20 años. El fallo que le dio el Tribunal Supremo de Justicia, que lleva los juicios en su contra por causas diversas, ha generado indignación y una ola de reacciones.

Dicha sentencia supone la pérdida definitiva de su condición de juez.


Los siete magistrados de la Sala penal lo condenaron por unanimidad, al hallarlo culpable por escuchar las comunicaciones de inculpados y abogados en un escandaloso caso de corrupción relacionado con miembros del Partido Popular, conocido como “el caso Gürtell”, la historia que ha sido exhibida por las grabaciones ordenadas por el mismo juez Garzón.


Baltasar Garzón rechazó el fallo y anunció que recurrirá la sentencia, manifestando que con esto "...se elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye, gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".


A petición de víctimas y familiares, Garzón recopiló entre 2006 y 2008 documentación sobre más de 114 mil casos de republicanos que fueron desaparecidos durante la Guerra Civil y durante el periodo de la dictadura franquista. Sufrió una férrea oposición de la fiscalía y decidió cerrar la causa. Aún así, se le enjuicia ahora.


La autonomía en la interpretación de la ley es indispensable para el desempeño de un juez y, sin duda, para la protección de los derechos humanos, lo cual no implica que estos no deban actuar en el marco del derecho.


Un fallo desfavorable a Garzón en éste que es el considerado más deshonroso de los llamados "juicios de la vergüenza" tendrá repercusiones internacionales. Ya corre una ola de indignación, opiniones a favor y en contra por la inhabilitación.


Una sentencia similar, por los crímenes del franquismo, provocaría una sacudida brutal a la conciencia histórica de los españoles y al amplio espectro del exilio español en el mundo y, por supuesto, a todos los ámbitos de la justicia internacional.


La inhabilitación daña a Garzón, porque le quita su razón de ser. Al mismo tiempo que, por el rechazo a la misma, lo consolida como la figura ícono de la justicia y los derechos humanos a nivel mundial. Si la ola y las reacciones crecen, como todo parece indicar, Garzón se constituiría en una suerte de leyenda viviente y el Tribunal Supremo, en una mueca hiriente de los vestigios del franquismo y todo lo que emana de ella.


La sentencia, calificada para muchos injusta,  que condena a Baltasar Garzón y le expulsa de la carrera judicial debe ser considerada un instrumento de venganza por parte del gobierno español, coinciden abogados, toda vez la autonomía en la interpretación de la ley es indispensable para el desempeño de un juez y, sin duda, para la protección de los derechos humanos.


Según el fallo condenatorio, Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”.



Prácticas que en “los tiempos actuales sólo se encuentran en regímenes totalitarios, en los que se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.

La sentencia también señala que “ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo”.


El tribunal español, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, sostiene que no se podía grabar las conversaciones “sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos”.

Añade: “No se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”.


Consideran que Garzón se separó “absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la sala del Tribunal Supremo”, lo que se revela “a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo”, que se aleja de “modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados (abogados) afectados”.


La sentencia contra Garzón es consecuente en un Estado de derecho; el derecho de la libertad y el derecho a la defensa no pueden vulnerarse porque la policía o un juez instructor obtuvieran información mediante escuchas, por muy grave que fuese el delito. Esta defensa del derecho de la libertad puede ser difícil de aceptar en función del delito, pero es lo que establecen tanto la ley como la Constitución.


La inhabilitación no solo afecta al Juez, si no a todas las instituciones encargadas de la impartición de justicia, poniendo de manifiesto que las leyes pueden ser utilizadas como instrumento de venganza para quien no proteja y comparta los intereses de los gobiernos en turno.


No se debe dejar del lado, el ejemplo que dejan los hechos, aunque parezca algo muy lejano a la vida política y social de nuestro país, porque acontecieron en el viejo continente, queda claro que en México las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Auditoria Superior de la Federación deben ser autónomas y fuera de injerencias lo más posible del poder político, con el objeto de que tengan mayor libertad de decisión y libres de la acechanza política.


La primera de las instituciones mencionadas actualmente goza de autonomía, sin embargo debe de dotársele de mayores elementos jurídicos, materiales y económicos que le permitan responder con eficacia y eficiencia a su misión.


En el caso de la Procuraduría General de la República, en su régimen jurídico actual le hace vulnerable a la falta de credibilidad mientras siga dependiendo del ejecutivo, que en la experiencia del país genera suspicacias de toda índole, por la percepción del uso político de tan delicada atribución en materia de procuración de justicia.


La Auditoria Superior de la Federación requiere ser un ente más consolidado; de mayor capacidad, tanto objetiva como subjetivamente en el desarrollo de su función, con una mejor estructura jurídica que le dote de atribuciones más claras, amplias y de disciplina del Estado.

 

 

 

 

 

 

Consideran que Garzón se separó “absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la sala del Tribunal Supremo”