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El Derecho disciplinario es el nuevo paradigma en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción conforme a la Ley que lo rige y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; si bien la disciplina pública normativamente considerada y como tal, ha existido a partir de la “Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados” de 1940 y propiamente a partir de 1982, con la “Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”; esta propuesta surge en México bajo la concepción dogmática que como disciplina jurídica a partir de 2006 en México se ha considerado. Ahora el Derecho Disciplinario, conforme a su propia definición, no solo comprende la garantía para la funcionalidad del Estado, sino se plasma ahora como un instrumento fundamental para el combate a la corrupción.

El pasado 11 de enero el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, presentó en la Secretaría de la Función Pública diversos trabajos que señaló como “sensibles”, respecto de diversos temas públicos e instituciones públicas que atañen a México, dentro de los cuales se encuentra el “Estudio de la OCDE sobre integridad en México”. Durante el discurso de presentación refirió que el fenómeno de la corrupción en el mundo “es de proporciones mayúsculas”; cerrando la cita, estamos claros que en el país no es la excepción y a decir por diferentes estudios en materia de corrupción realizados por diferentes instituciones recientemente realizados como Transparencia Internacional, la propia OCDE o el Instituto Mexicano de la Competitividad, la calificación de México refleja en los últimos años un incremento sustancial a nivel mundial; México se encuentra en proporciones supra mayúsculas en cuanto a la precepción que tienen los ciudadanos sobre actos de corrupción.

De acuerdo a estos estudios México se encuentra en el lugar 123, en la escala más cercana a los países más corruptos, respecto de la totalidad de 176 países que comprenden el estudio de el índice de percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional; la OCDE señala que el estudio que se viene comentando comprende 11 temas que le preocupan a los ciudadanos mexicanos: la seguridad pública y la corrupción son los de mayor impacto, en primer y segundo término, respectivamente, sin que se deje de considerar que a mi juicio son temas estrechamente vinculados, debido a que la inseguridad es consecuencia de la corrupción, situación que agrava el tema; por su parte el Consejo Coordinador Empresarial le atribuye en costo el 10% del Producto Interno Bruto.

 

Con estos referentes estadísticos y de datos duros retomando la voz de la OCDE, la corrupción además de generar el debilitamiento económico del país, vulnera la confianza ciudadana en las instituciones; lo afirmado por dicho organismo la ciudadanía lo tiene más que claro y basta ver la cifras que representan los actos que de corrupción se han hecho públicos en los Estados de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Monterrey; cuyos montos superan el presupuesto de alguna Secretaría de Estado en un ejercicio anual, - de suyo más que escandaloso - y representan en obra o servicios públicos no realizados con el consecuente claro enojo de la ciudadanía; creo que no puede haber duda en ello. 

En forma propositiva habló de la nueva gobernanza nacida mediante el Sistema Nacional Anticorrupción, que como tal y en materia de política pública considera a todos los actores, sin embargo las designaciones y el papel que las personas designadas desempeñen significará el éxito o el fracaso del sistema, por su independencia y profesionalismo; no podemos partir con titubeos y tibiezas, si no con el mejor ánimo de iniciar, desarrollar, concretar y perfeccionar el Sistema.

Uno de los factores importantes en los que el Colegio de Derecho Disciplinario Control Gubernamental y Gestión Pública A. C., ha centrado su atención y pone el mejor de sus esfuerzos es la capacitación; incidir en la profesionalización de los servidores públicos en lo general; en el que conozcan el Sistema Nacional Anticorrupción y, especialmente, a quienes son actores operantes del sistema, brindándoles las herramientas para dar una correcta funcionalidad al propio sistema, tomando al Derecho Disciplinario como punto de partida.

El Derecho Disciplinario como Disciplina Jurídica, se convierte en el centro de las acciones del sistema en todos los aspectos: la prevención, la fiscalización, especialmente en los operadores disciplinarios, incluso aquellos que tienen a su cargo la investigación y la persecución de los delitos y desde luego, en la generalidad de los sujetos a este régimen especial de sujeción sean particulares o propios servidores públicos. Esperemos que en la toma de decisiones se conozca, asimile y encause la política pública entendiendo el contenido y alcance de la construcción legal del Sistema Nacional Anticorrupción como eminentemente valorativo y de este modo podamos implementar la articulación institucional adecuada al cumplimiento de sus fines y metas, la elección de los perfiles idóneos para cada cargo en la administración pública, construir la profesionalización de los servidores públicos para que se asuma el sentido mismo de los valores como contenido deontológico y axiológico de la gestión pública, eje del Derecho Disciplinario, y para su consolidación mejorar los esquemas de profesionalización.

 

De aquí que como experiencia Internacional, la OCDE asuma la relevancia del Derecho Disciplinario; en este escenario, a través de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario que a la fecha me toca presidir, nacida en el 2009, y antes, en México desde el 2006, con el nacimiento del Colegio de Derecho Disciplinario Control Gubernamental y Gestión Pública A. C., se ha venido impulsando el estudio del Derecho Disciplinario como Disciplina Jurídica, que hoy vemos con agrado y damos cuenta que ha permeado su denominación; ahora emprendemos la tarea de impulsarlo como instrumento eficaz y eficiente del combate a la corrupción y sin duda la formación de los servidores públicos en el tema será un factor fundamental. 

 

Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno