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Tras su paso por las legislaturas locales, ha sido publicada finalmente la Reforma Constitucional en materia educativa en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2013. Las modificaciones y adiciones que contempla esta reforma incluyen al artículo 3°, en sus fracciones II, III, VII, VIII y IX,  así como al artículo 73, fracción XXV.
Estas modificaciones, amplias y profundas, al texto de la Constitución representan un giro en la operación del sistema de educación pública mexicano y obedecen, conforme a la exposición de motivos del proyecto de reforma, al ánimo de rescatar la institucionalidad y mejorar la calidad de la educación.
Abordar el contenido de una reforma Constitucional de tal envergadura y con tan profundos efectos es un ejercicio que resultaría imposible llevar a cabo en pocas líneas. Algunas de las implicaciones del decreto que reforma y adiciona a los artículos 3° y 73 de la Carta Fundamental ya han sido comentadas por los medios de comunicación y los círculos académicos. Por nuestra parte, en esta oportunidad nos interesa tan solo destacar dos aspectos contenidos en el Decreto de Reforma y adición, la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que fijen las aportaciones económicas correspondientes al servicio de educación pública y que señalen sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan (arts. 3°, fracción VIII, y 73, fracción XXV), fracción IX):, así como la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (art. 3°, fracción IX):.
En principio, es de destacar
Por otra parte, el Instituto para la evaluación de la educación responden al objetivo general de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los

 

docentes garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos (art. 3° reformado). 
En este contexto, el Instituto será la institución responsable de evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional señalado en la fracción XXV del art. 73 Constitucional, y para ello deberá (art. 3°, fracción IX):
a)       Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
b)       Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
c)       Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
Así, en términos de lo dispuesto por el reformado artículo, los lineamientos y directrices que a efecto emita dicho instituto se convertirán en la pauta a seguir por las autoridades educativas de nivel federal y local para desarrollar sus funciones de evaluación, así como para tomar decisiones de mejora.
Por otra parte, el texto constitucional también predica que el ejercicio de estas funciones los servidores públicos que integren el Instituto deberán apegarse en todo momento a los principios de transparencia, independencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión (art. 3°, fracción IX, párrafo sexto).
Ahora bien, aun no conocemos a ciencia cierta las reglas de organización y funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ni los mecanismos de acción que habrá de emplear para establecer canales de colaboración con las autoridades educativas federales y locales. Para ello debemos esperar la expedición de la respectiva ley reglamentaria de la institución que, conforme al tercero transitorio del decreto del 26 de febrero, hecho que deberá ocurrir a más tardar en un plazo

 

máximo de seis meses contando a partir de su fecha de publicación.
No obstante, como indica el mismo transitorio, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga a lo dispuesto por el Decreto que ahora nos ocupa. 
Ahora, de lo que estamos ciertos, pues así lo señala el artículo 3° fracción IX de la Constitución, es que el Instituto será dirigido por una “Junta de Gobierno”, la cual estará compuesta de 5 integrantes. El proceso de selección de los miembros de la Junta será por propuesta de una terna por el Ejecutivo Federal y la designación por el Senado de la República de uno de los propuestos. Habiendo sido designado, cada miembro de la Junta de Gobierno ocupará el cargo por un periodo de siete años, con posibilidad de ser reelecto en una sola ocasión.
De acuerdo al mismo decreto de modificaciones y adhesiones (artículo segundo transitorio) la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno deberá realizarse en los próximos 60 días naturales a su publicación. Esto es, en no más de dos meses comenzará el proceso de conformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, iniciando por la puesta en operaciones de la Junta de Gobierno, y en espera de la aprobación de su Ley orgánica. Un proceso que habrá que seguir con detenimiento.