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La corrupción es un fenómeno que afecta profundamente a los gobiernos en todo el mundo. Sin importar la riqueza o pobreza de un país, el impacto negativo de la corrupción se manifiesta en la falta de confianza de los ciudadanos en sus líderes políticos e instituciones públicas.

Si bien no es sencillo medir los índices de corrupción en un país, uno de los ejercicios más confiables a nivel internacional es el que cada año elabora la organización Transparencia Internacional (Transparency International), conocido como Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En 2011 la organización evaluó a 183 países, los resultados para México fueron verdaderamente alarmantes.


Según el IPC de 2011, nuestro país ocupa el lugar número 100 en una lista de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala de 0 a 10 (de mayor a menor percepción de corrupción). Somos así, uno de los países más corruptos de la región, calificados por debajo de Chile y Brasil.


El gobierno mexicano ha manifestado su compromiso con el combate a la corrupción y desde hace varios años ha diseñado programas así como instrumentos normativos para tal efecto. Hace 10 años fue publicada en el Diario Oficial la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hoy Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, el pasado 11 de junio el mismo instrumento hizo pública la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
La ley tiene por objeto establecer responsabilidades a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por infracciones en las contrataciones públicas de carácter federal, así como a personas de nacionalidad mexicana por infracciones en tracciones internacionales.


Al extender su aplicación a personas, físicas o morales, de origen extranjero, la nueva ley es coincidente con el escenario global en el que actúa México. Su articulado es coincidente también con el contenido de los tres instrumentos internacionales que en la materia ha firmado y ratificado México: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de Naciones Unidas para la Corrupción (UNCAC).

Ahora bien, las infracciones que contempla la ley van desde la oferta de dinero a un servidor público, hasta la falsificación o alteración de documentos con el propósito de obtener un beneficio o ventaja (art. 8). En transacciones comerciales internacionales las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, incurrirán en responsabilidad por ofrecer o entregar dinero o cualquier otra dádiva indebida a un servidor público extranjero o a un tercero, con la finalidad de obtener un beneficio o ventaja (art. 9).

Las autoridades facultadas por la ley para investigar y, en su caso, sancionar a las personas que incurran en estas infracciones son la Secretaría de la Función Pública, tratándose de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que participen en transacciones comerciales internacionales, y los órganos que para tal efecto creen las Cámaras de Senadores y Diputados, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otros, tratándose de personas física o morales, nacionales o extranjeras, que participen o intervengan en contrataciones públicas de carácter federal (art. 4º y 5º). 

Cuando exista sospecha sobre la comisión de infracciones a esta norma, las autoridades facultadas podrán investigar los hechos sea de oficio o por denuncia. La denuncia pueden presentarla ciudadanos o servidores públicos, nacionales o extranjeros, en su caso, indicando los hechos que permitan advertir la comisión de las presuntas infracciones, los datos de identificación del presunto infractor y el señalamiento de pruebas (art. 12).


Además de las vías tradicionales para presentar denuncias (por escrito y por teléfono), los denunciantes tienen la opción de usar el sistema informático CompraNet en su apartado de “denuncias”.


Si de la investigación se advierten elementos suficientes para presumir la comisión de infracciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la autoridad podrá iniciar el procedimiento administrativo sancionador que ella contempla (arts. 18 al 24). El procedimiento no reviste gran novedad, como todo procedimiento administrativo inicia con un acuerdo que deberá ser notificado al infractor, quien en un plazo de 15 días hábiles podrá contestarlo, por escrito o por comparecencia, después de lo cual la autoridad deberá proveer respecto a la admisión y desahogo de pruebas ofrecidas por el presunto infractor, se concederán cinco días hábiles para presentar alegatos y, finalmente, en un plazo no mayor a 40 días hábiles la autoridad dictará su resolución. Los sancionados tendrán derecho al recurso de revisión que prevé el Titulo Sexto de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.


En lo que respecta a las sanciones, la ley contempla la multa, de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal para personas físicas y de diez mil a dos millones de veces el salario mínimo para personas morales, así como inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo de 3 meses a 8 años, y de 3 meses a 10 años, respectivamente (art. 27). La imposición de estas sanciones dependerá de elementos similares a los contemplados para el caso de los servidores públicos, como la gravedad de la infracción, la circunstancia económica del infractor y sus antecedentes, pero se agrega un elementos más, el grado de participación del infractor. 


Finalmente, la sanción podrá ser reducida en un cincuenta a un setenta por ciento cuando el infractor decida confesar su responsabilidad, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos (art. 31).
Por lo anterior, el “Colegio de Derecho Disciplinario, Control Gubernamental y Gestión Pública, A. C.” ha diseñado un curso para tratar el tema y que, tanto los particulares como los servidores públicos que por sus actividades se vinculen con el tema, estén informados y conozcan más a detalle la normatividad relacionada, con el enfoque que en cada caso corresponda; para mayores informes envíanos un correo al correo@colegiodederechodisciplinario.com; comunícate a los teléfonos 56 43 64 19 ó al 56 43 97 7; o consulta nuestra página electrónica (http://colegiodederechodisciplinario.com/index.html).

 

Según el IPC de 2011, nuestro país ocupa el lugar número 100 en una lista de 183 países