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A inicios de este año, el día 9 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Víctimas, instrumento que reconoce los derechos de las víctimas de la delincuencia común, de organizaciones delictivas de de agentes del Estado.


En forma enunciativa y no limitativa, los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico a las víctimas son el respeto a la dignidad y los derechos humanos por parte de los servidores públicos, derecho a recibir asistencia y atención, derecho a la verdad, derecho a la reparación del daño, derecho a obtener la protección del Estado, derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros (art. 7°). El contenido y alcances de estos derechos se encuentran desglosados en el mismo texto de la Ley.

Ahora bien, entro los derechos enunciados por la Ley destaca el derecho a la verdad. Originado en la tradición jurídica Sudamericana, el derecho a la verdad se traduce en la Ley General de Víctimas, como aquel que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en general para conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad (art. 22).

El hecho que la legislación mexicana reconozca este derecho es trascendental. En América del Sur la consagración del derecho a la verdad como garantía normativa implicó el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la época de las dictaduras militares. Los gobiernos de corte autoritario y militar que ocuparon la región entre las décadas de 1960 a 1980 se caracterizaron por practicar violaciones a los derechos humanos como política estatal, amparados en una fuerte

 

doctrina de la “seguridad nacional”. Cuando la democracia volvió a la región uno de los compromisos fue el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias que habían sufrido los ciudadanos durante la dictadura y que por largo tiempo fueron negados y encubiertos por los actores estatales. De ahí el objeto y finalidad del derecho a la verdad.

México, por su parte, ha negado a toda costa haber pertenecido en la época al grupo de gobiernos autoritarios, aunque en su historia reciente existan episodios tan como las masacres de  Tlatelolco y  Aguas Blancas. Tan solo en fechas muy recientes se han comenzado a exhibir algunas de las prácticas violatorias del gobierno mexicano en los 60’s y 70’s, entre las que destacan el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, ciudadano guerrerense desaparecido a manos de integrantes del ejercito y que dio origen a la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país en 2010. De esta forma, el reconocimiento y garantía jurídica del derecho a la verdad representa un muy importante avance en los intentos para lograr sancionar las violaciones de derechos humanos, las del pasado y las de nuestros días.

Otro aspecto que nos interesa destacar sobre esta amplia norma jurídica publicada en enero, es que incluye un catálogo especial de obligaciones de los servidores públicos respecto a las víctimas de delitos (art. 129). Dichas obligaciones van desde identificarse oficialmente ante la víctima y garantizar que se respeten y apliquen las normas internacionales de protección de los derechos humanos, hasta investigar o verificar los hechos denunciados. El incumplimiento de sus obligaciones generará para el servidor público las responsabilidades administrativa y penal que procedan. Además, toda autorización para alterar los registros o informes sobre las víctimas producirá automáticamente la responsabilidad disciplinaria del servidor público y subsidiaria del superior

 

jerárquico, esto sin perjuicio de las responsabilidades administrativa y penal que resulten procedentes.

Como podemos observar, el régimen de responsabilidades y disciplina del sector público establecido por la Ley pretende prevenir toda acción que tienda a vulnerar los derechos humanos de las víctimas y a evitar el ocultamiento de datos que puedan llevar a identificar a los responsables, así sean integrantes de la misma estructura estatal.

Consideramos que este nuevo esquema disciplinario que impone la Ley debe evaluarse más allá de la perspectiva de la eficacia y la eficiencia administrativa. De la vigilancia de los actores estatales dependerá no solo el funcionamiento del órgano estatal, sino la posibilidad de garantizar justicia y atención a las víctimas.