El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El pasado miércoles 23 de enero de 2013, en una Sentencia que ha sido considerada paradigmática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió otorgar el Amparo liso y llano a la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin y ordenó su liberación absoluta e inmediata.

Florence Cassez había sido condenada en Segunda instancia por el  Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el 02 de marzo de 2009, a 60 años de prisión y $ 299,520.00 M.N. por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea. El 30 de agosto de 2010, la condenada solicita el Amparo de la justicia federal al mismo Primer Tribunal Unitario, mismo que le fue negado. Es así como el asunto llega a la Suprema Corte Justicia, cuando el máximo tribunal mexicano considera procedente el recurso de revisión contra la sentencia de Amparo, bajo el rubro Amparo Directo en Revisión 517/2011.

En lo que fueron varios meses de discusión, durante los cuales los medios de comunicación dieron cuenta de presiones políticas por parte de activistas y por el mismo gobierno francés, el 21 de marzo del pasado 2012 los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte rechazaron el proyecto de dictamen del Ministro  Arturo Zaldívar, al no llegar a un acuerdo sobre la procedencia del Amparo. El proyecto fue retomado por la Ministra Olga Sánchez Cordero, quién lo presentó para discusión el 23 de enero de este año. En esta ocasión, la votación de los Ministros se decantaría a favor de la quejosa Florenz Cassez, al obtener el amparo y protección de la justicia federal, teniendo la determinación el efecto de liso y llano.
                 

 

La opinión, tanto pública como especializada, respecto a la decisión de la SCJN en el caso Cassez fue dividida. Para algunos se trató de una decisión apegada a la Constitución y totalmente garantista, en tanto que para otros la Suprema Corte dejo en estado de indefensión a las víctimas de la banda de secuestradores a la que supuestamente pertenecía Florance Cassez.

En nuestra opinión, la Sentencia del 23 de enero es acorde con las aspiraciones de un Estado Constitucional de Derecho. Consideramos que, como podemos advertir en el proyecto, el proceso judicial instaurado contra Florance Cassez estuvo plagado de vicios que es imposible determinar la culpabilidad de la solicitante del Amparo. El montaje televisivo durante su detención, inluso reconocido por la autoridad, las irregularidades en el material probatorio y las consecuentes violaciones a los derechos humanos de la inculpada, fueron más que suficientes para revocar la sentencia recurrida mediante Amparo.

Claro está que estas consideraciones no implican que nos estemos pronunciando por la inocencia de Florance Cassez. La misma Sentencia de la SCJN no incluye pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la quejosa. Es decir, lo que resolvió en realidad la Suprema Corte es que en el proceso y los resultados del mismo se presentaron violaciones a los derechos humanos de Cassez y por ello debía ser liberada.

Ahora bien, tras la efectiva salida de Florance Cassez del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, surge la pregunta obligada de ¿quiénes son los responsables de las violaciones a la seguridad jurídica de la impetratne de garantías? Nos parece que aquí es donde deben centrarse ahora las discusiones.

 

 

Ante el escenario, lo que ahora nos preocupa es ¿qué ha hecho o qué hará la Secretaría de la Función Pública respecto a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en el montaje de la detención de Florance? ¿Es procedente alguna investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal respecto a los jueces que decidieron declararla culpable aún con todas las evidentes violaciones a la garantía del debido proceso?

Aquí, los verdaderos responsables de poner a un inocente en la cárcel o de liberar a un culpable son directamente las autoridades que en 2009 ordenaron y ejecutaron el montaje para la televisión. En ellos recae el peso moral y jurídico de las violaciones a los derechos humanos que se presentaron en el proceso judicial contra Florance Cassez.

Por esto, nos parece que para que el mensaje  que ha enviado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Sentencia del 23 de enero a los miembros de las fuerzas de seguridad alcance los objetivos buscados, debe continuarse la investigación del asunto en sede administrativa y deben decretarse las responsabilidades correspondientes a los actores involucrados.